Edición Médica

Diego Jimbo, coordinador nacional de Acuerdo contra el Cáncer.

Cristina Coello. Quito
La organización ciudadana Acuerdo contra el Cáncer ha presentado oficialmente un observatorio nacional que busca vigilar el cumplimiento de las políticas públicas sobre cáncer y enfermedades catastróficas.
 
Diego Jimbo, coordinador nacional de la organización, ha explicado a EDICIÓN MÉDICA que “esta es la primera iniciativa de participación ciudadana que se organiza para defender los derechos de los pacientes y sus familias” por medio de la investigación y vigilancia de las leyes, así como la generación de nuevas propuestas.
 
Jimbo ha reclamado que en el país están vigentes algunas leyes y estrategias que fueron creadas para beneficiar a los pacientes, pero “solo están escritas y no se cumplen, como por ejemplo la Ley Orgánica de Salud, Ley de Educación, Ley de amparo al paciente, Ley de régimen tributario y las estrategias para la Atención Integral del Cáncer, o la de Cuidados Paliativos”, entre otras.
 
A pesar de existir esas normas “no existe vigilancia” en su cumplimiento, se ha lamentado el dirigente y ha criticado al sector político “que no ha tomado en cuenta las iniciativas originadas en la sociedad civil” que buscan mejorar la atención en salud.
 
Por ello ha hecho un llamado a representantes de la academia, líderes de organizaciones nacionales e internacionales, autoridades, la empresa y ciudadanía para apoyar “esta noble causa” cuyo objetivo es salvar 100.000 vidas en los próximos 10 años.
 
“Este gran desafío pretende ser el catalizador para que los diversos actores del cáncer asuman un compromiso real respecto a este tema. El Estado no ha dado la atención adecuada a esta problemática, que actualmente es la segunda causa de muerte en el país”, ha recalcado Jimbo.
 
Y como una de las primeras acciones, Jimbo ha adelantado que ya se presentó al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) una propuesta para que se incluya en el próximo censo nacional tres preguntas relacionadas al cáncer y tener una información más actualizada respecto a la enfermedad.
 
Datos alarmantes
 
Entre abril y mayo la organización realizó una breve encuesta a 500 pacientes de cáncer en 13 provincias del país, para conocer algo de su situación en medio de la pandemia.
 
Según esos datos el 50,2 por ciento de los pacientes vieron interrumpidos sus tratamientos en la emergencia sanitaria.
 
Jimbo ha informado además que el 80 por ciento de los pacientes encuestados no tienen un trabajo. Otro 15 tienen un trabajo informal y solo un 5 por ciento disponen de trabajo formal.
 
Estos datos dejan entrever que” hay un grave problema económico, social y también emocional que complica un problema físico”, ha comentado el coordinador.
 
Desde noviembre se volverá a realizar la encuesta para conocer en qué ha cambiado la situación de los pacientes y cuántos posiblemente han fallecido, tras las dificultades que ha ocasionado en todos los ámbitos la pandemia de CoVID19.
 
Por otro lado, ha recordado que el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene convenios con SOLCA para la atención, pero en ciudades como Loja, Cuenca o Machala “no están recibiendo a los pacientes” por el incumplimiento de pagos.
 
Algunos de ellos son derivados a Quito, lo cual representa un gran riesgo e innumerables dificultades por el transporte, hospedaje y alimentación.
 
El dato
 
Según la OMS, la falta de datos impide aplicar políticas de lucha contra el cáncer. Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra la enfermedad.

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