Edición Médica

Comisión de Justicia de la Legislatura en sesión virtual.

Redacción. Quito
Autoridades sanitarias y miembros de la Asamblea Nacional han estipulado que se debe regular la venta de medicamentos e insumos clínicos, los cuales han sido comercializados a través de redes sociales, sin ningún control de calidad, lo que pondría en riesgo la Salud de las personas que se encuentran cumpliendo el confinamiento como medida preventiva ante la pandemia.
 
La Comisión de Justicia de la Legislatura ha analizado el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, en la sesión virtual llevada a cabo el 18 de mayo de 2020, donde se ha discutido una forma plausible de frenar y penalizar a los responsables de efectuar este tipo de negocio.
 
Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación de Dispositivos Médicos (Asedim), ha manifestado que la regulación de este tipo de ventas deberá hacerse en conjunto con el ministerio de Telecomunicaciones, con el fin de emitir las sanciones económicas necesarias.
 
Asimismo, Murgueitio ha enfatizado que “se requerirá educar a la ciudadanía para que no soliciten dispositivos o productos de consumo humano por medio de las redes sociales”, por lo que funcionarios públicos también deberán capacitarse con el fin de ejecutar el proceso de control.
 
De igual forma, la funcionaria ha señalado que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (Arcsa) y el Servicio Nacional de Aduana (Senae), deberán exigir los controles pertinentes en la frontera, ya que en medio de la emergencia sanitaria por CoVID19, el comercio ilícito de insumos médicos y medicamentos ha aumentado.
 
De acuerdo al boletín de prensa emitido por la Asamblea, Santiago Vallejo, experto en materia aduanera, ha recalcado que, “el contrabando es un problema latente y compete a todas las autoridades, puesto que se da en todos los estratos sociales y en todos los niveles económicos, sin determinar escalas objetivas”.
 
Por ello, ha sido imperativo que la colaboración de organismos gubernamentales y no gubernamentales, sea implementada “con el fin de mitigar el contrabando en las familias productoras de bienes y servicios”, ha indicado Vallejo.
 
Referente a los derechos intelectuales
 
Santiago Cevallos, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ha indicado que se debe trabajar en una estrategia “que permita salvaguardar el cometimiento de infracciones y que en el futuro se cuente con una norma que permita ejercer las garantías de forma adecuada”.
 
Cevallos ha destacado que el proyecto ha sido muy importante ya que “se ha incluido el aspecto de mercancía ilícita que viola derechos de propiedad intelectual, sin embargo, hay que verificar cuáles son las regulaciones que se quieren atender en torno de este concepto, acogiendo directrices internacionales, especialmente de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.
 
 

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