Edición Médica

LSe pide observen los criterios de la Corte Constitucional.

Redacción. Quito
En un pronunciamiento oficial, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP) ha considerado que el veto presidencial a la Ley que despenaliza el aborto por violación, incluye requisitos que se convierten en obstáculos insalvables en el abordaje de un serio problema de salud pública y además incumple criterios de la Corte Constitucional.
   
La SESP ha reconocido que es necesario un marco jurídico y políticas que eliminen los graves riesgos de muerte, discapacidad o afectación de mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. “Los abortos inseguros –muchos clandestinos- impactan sobre todo a mujeres empobrecidas. Las desigualdades sanitarias, las secuelas sociales y económicas del aborto riesgoso demandan de la sociedad y el Estado medidas eficaces para abordar este problema de salud pública”.
 
Por ello, la organización científica ha considerado que la decisión presidencial, en lugar de facilitar el acceso a la atención de mujeres violentadas, “incluye requisitos que, especialmente para niñas, adolescentes o mujeres de menores recursos, se convierten en obstáculos insalvables”, pues la propuesta exige una denuncia, o una declaración juramentada por parte de la víctima, o un examen médico legal” que certifique la violación”.
 
La SESP también desaprueba el plazo general de 12 semanas para acceder a un aborto seguro, pues eso muestra el desconocimiento de la realidad de niñas y mujeres de sectores rurales abusadas con frecuencia dentro de sus hogares.
 
Por otro lado, está la objeción de conciencia institucional, planteada a nivel privado, lo cual “podría condicionar peligrosamente la obligatoria atención de emergencias obstétricas. Cuenta también la potencial afectación del secreto profesional, al promover denuncias de supuestos abortos no autorizados”.
 
La organización ha considerado que la despenalización del aborto en caso de violación “debe disponer de condiciones que permitan su materialización, reduciendo desigualdades, con políticas integrales que privilegien la educación y la prevención”.
Así mismo ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2003 ha publicado guías técnicas, un manual de práctica clínica y directrices sobre la atención para el aborto. Esos documentos destacan la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la “eliminación de barreras regulatorias, políticas y programáticas que obstaculizan el acceso a la atención para un aborto sin riesgos”, entre otros.
 
Sin embargo, la SESP ha aclarado que la óptica del aborto “debe ampliarse hacia el acceso universal a redes de salud basadas en atención primaria, que sustenten un sistema nacional de salud capaz de efectivizar la salud como derecho en Ecuador. La sinergia articulada de esfuerzos particulares debería abarcar estos temas estructurales, para tratar de vencer la inercia que se afianza gobierno tras gobierno”.
 
La misiva firmada por el presidente de la SESP, Fernando Sacoto, ha concluido señalando que la salud pública “es un derecho que debe ser tratado con enfoque laico, científico y técnico, por encima de creencias personales o de grupos”.
 

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