Edición Médica

Ángela León Cáceres, coordinadora global de Women4GlobalFund.

Redacción. Quito
El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual propone 86 reformas para “una lucha efectiva contra la inseguridad, la delincuencia organizada y la corrupción”, así como para el incremento de penas para delitos graves, la prohibición de aplicar beneficios penitenciarios para determinadas conductas delictivas y la tipificación de dos nuevos delitos.
 
Dentro de este paquete de reformas, se incrementan las penas para 24 delitos como: sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, lavado de activos, reclutamiento de menores de edad, crimen organizado y se tipifica el feminicidio, entendido como la impunidad producto de la omisión del deber del Estado de garantizar la vida de las mujeres, así como la propagación de enfermedades infectocontagiosas, como el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, lo cual a criterio de muchas organizaciones es una vulneración y regresión de derechos
 
En este sentido, Women4GlobalFund (W4GF), una red de defensoras de la igualdad de género que abarca 62 países y con más de 350 defensoras de las mujeres de toda diversidad, ha expresado su preocupación y rechazo al informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional del Ecuador, el cual respalda la propuesta de reforma al COIP.
 
La reforma propone tipificar la transmisión intencional de enfermedades infectocontagiosas en el artículo 216.1: “la persona que, conociendo que está infectado con alguna enfermedad infectocontagiosa que implique un grave riesgo para la vida, la integridad física o la salud, intencionalmente infecte a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
 
En caso de ser aprobada, “implicaría una grave vulneración de los derechos de las personas que viven con VIH en el Ecuador, sumiendo al país en un contexto de criminalización del VIH”, ha señalado Ángela León Cáceres, coordinadora global de Women4GlobalFund, en un comunicado.
 
“En ningún país ha resultado efectiva la penalización de la transmisión del VIH como medida para detener su propagación. Tanto ONUSIDA como el PNUD han señalado que no existen pruebas que respalden la efectividad del enfoque punitivo para prevenir la transmisión del VIH. Por el contrario, esta medida puede desincentivar el acceso a servicios de prevención, tratamiento y apoyo, así como obstaculizar la ampliación del testeo. Las leyes que penalizan la exposición o transmisión del VIH suelen pasar por alto el hecho de que la mayoría de las nuevas infecciones provienen de personas que desconocen su estado serológico”, ha agregado.
 
En Ecuador 48.924 personas viven con VIH y solo en 2022 se reportaron alrededor de 5.142 nuevos casos, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud (MSP). De esta cifra, alrededor de 16.000 son mujeres desde los 15 años.
 
La prevalencia del VIH es del 18.17 por ciento en Personas Transfemeninas, del 10.19 por ciento en Hombres que tienen Sexo con Hombres, del 1.04 por ciento en Trabajadoras sexuales y del 1.3 por ciento en Personas Privadas de la Libertad (PPL), siendo las mujeres en su diversidad afectadas de manera desproporcionada, según el MSP.
 
Para W4GF, es alarmante que las provincias con mayor prevalencia son aquellas que enfrentan mayores obstáculos en el acceso a la salud pública y graves índices de violencia, estigma y discriminación.
 
Además, en un contexto de crisis carcelaria y hacinamiento, la criminalización del VIH puede exacerbar la vulnerabilidad de estas personas dentro del contexto penitenciario. Por tanto, ha instado a la Asamblea Nacional a eliminar el Artículo 216.1 de la reforma al COIP, el cual pretende tipificar como delito la transmisión intencional de enfermedades infectocontagiosas.
 
“Esta medida no solo atenta contra los derechos humanos, sino que también socava los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y perpetúa la estigmatización y la discriminzación de las personas que viven con VIH. Women4GlobalFund reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de políticas de salud pública basadas en la evidencia y el respeto a la dignidad de todas las personas, sin importar su condición de género, orientación sexual, estatus socioeconómico, identificación étnica y condición de salud”.
 
“Acogemos plenamente la Nota técnica de ONUSIDA sobre el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal que considera la inclusión del Artículo No. 216.1 sobre “Propagación de enfermedades infectocontagiosas” y solicitamos su total revisión y consideración técnica en materia de salud pública, derechos humanos y derecho penal. Exhortamos a las autoridades a la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, al escuchar el llamado de la sociedad civil y a tomar medidas que verdaderamente protejan y promuevan la salud y el bienestar de todos y todas las ecuatorianas”, ha concluido.

---